Caracas, 15 de Jun./Prensa CGP / EGF.- La atribución de nombrar y remover al personal directivo de los institutos Universitario de Policía Científica (IUPOLC); Universitario de Policía (IUPM); Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios (IUNEP) y Universitario de Tecnología Bomberil (IUTB) otorgada a la rectora de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), Soraya El Achkar, garantiza la unificación de la formación y la profesionalización de las funcionarias y los funcionarios de seguridad ciudadana a nivel nacional.
La atribución le fue delegada por el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia (MPPRIJ) y publicada en la Gaceta Oficial Número 39.941 el pasado 11 de junio de 2012, en consonancia con el decreto de creación de la UNES que prevé la integración gradual y progresiva, en los ámbitos académicos, administrativos y funcionales de las instituciones educativas ligadas a la seguridad ciudadana.
Desde su creación en la Gaceta Oficial 39.120 por medio del decreto N° 6.616, se decreta en el marco de la Misión Alma Mater La UNES viene ofreciendo una formación integral de carácter humanitario y de servicio social y solidario, según describen sus objetivos:
1. Formar a las y los profesionales clasificados para proteger a las personas y sus derechos, preservar el ambiente, promover la convivencia y velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico.
2. Garantizar la formación inicial y permanente bajo criterios comunes y conforme a los principios constitucionales y los definidos en los instrumentos jurídicos regulares de la seguridad ciudadana, con diversificación según las disciplinas y áreas del servicio, contextualizada en función de las realidades locales, regionales y nacionales.
3. Promover y generar conocimientos en el área de la seguridad, por medio de la investigación, la sistematización y el análisis crítico de situaciones, casos y prácticas profesionales, la consulta pública y el diálogo de saberes con las comunidades.
4. Contribuir a crear una cultura de la seguridad ciudadana dirigida al pleno ejercicio de los derechos humanos de todas y todos, fundamentada en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad.
5. Incentivar la participación protagónica del pueblo venezolano en la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas en materia de seguridad.
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