Las cadenas de comercialización de implantes Poly Implants Protesès (PIP) deberán responder ante la justicia venezolana por las más de 1400 mujeres afectadas, y todas las ganancias obtenidas deberán ser transferidas a las víctimas "porque mucha gente se lucró vendiendo dichas prótesis”.
Así lo dio a conocer el especialista en Derecho Médico y abogado, Gilberto Andrea, durante un contacto telefónico con el programa “Más Temprano Contigo” transmitido por YVKE Mundial.
El abogado aseguró que hasta ayer se había recibido 750 solicitudes de asesoría, en tal sentido, “se presentará un recurso de amparo porque se han masificado los casos; sin embargo, se señalarán los más representativos”.
Aseguró que las cadenas de comercialización violaron el derecho constitucional que garantiza la salud y la vida de los venezolanos, porque “al momento de comercializar sustancias toxicas han hecho un daño concreto, y dichas prótesis pueden deteriorar la salud”.
Asimismo, Andrea manifestó que actuarán en las instancias jurídicas de Venezuela, en relación a los daños causados por las cadenas de comercialización y declaró “esto no quiere decir que se va accionar contra el producto, pero se atacará a todos los comercializadores que obtuvieron el dinero de manera ilegal e injusta”.
El abogado agradeció la ayuda ofrecida por el Gobierno Bolivariano al tener una actitud lógica del problema; no obstante dejó claro que se deberá dirigir todas las responsabilidades a los responsables "porque no pueden dejar de asumir sus cargos”.
Esperan pronunciamiento del Colegio de Médicos
El entrevistado aclaró que el Colegio de Médicos de Venezuela deberá pronunciarse, hacer sus respectivas observaciones y ofrecer garantía de seguridad a todas aquellas mujeres que deseen colocarse prótesis a futuro porque “las prótesis que llegaron a Venezuela estaban certificadas por una potencia (Francia), por ello el Estado francés colaboró para que el fraude se llevara a cabo”.
A su juicio, “ellos le dieron el certificado de garantía al Estado venezolano, esta certificación la dio un gobierno en cuyo país se produce cualquier cantidad de medicamentos”, asintió.
Helen García: Joven afectada por las prótesis PIP
La venezolana Helen García manifestó que se colocó las prótesis PIP a los 23 años y es una de los tantos casos que piden cirugía reparadora y extracción de los implantes mamarios que posee actualmente, “estoy segura, que tengo las prótesis PIP, tengo el certificado y estoy esperando hasta el 9 de enero para obtener mi diagnostico del seno izquierdo”, indicó.
Señaló que está participando activamente en el grupo de Facebook , el cual cuenta con más de 1400 féminas que se colocaron prótesis mamarias “la situación es complicada para aquellas mujeres afectadas que se encuentran fuera de Caracas, y puedan introducir su demanda, la cuestión radica en que tengan un abogado”, acotó.
Igualmente, García aseveró que las mujeres involucradas con la demanda no solamente solicitarán la extracción de las prótesis, pues a su juicio el problema vivido por ellas también tiene “un impacto psicológico, extraer las prótesis sin tener dinero para luego colocarme unas nuevas es complicado, y acostumbrarme a ver mi cuerpo de una manera distinta, para mi salud y para la familia, son factores que tienen impacto”, sostuvo la entrevistada.